En muchos casos, el problema no es el accidente en sí, sino lo que lo provoca. Una loseta suelta que lleva meses sin repararse. Una rampa de garaje con filtraciones tras varios episodios de lluvia. Una escalera con iluminación insuficiente. O un suelo mojado sin señalización adecuada.

Cuando ocurre una caída o un daño personal, la comunidad puede enfrentarse a una reclamación por responsabilidad civil. Y aquí surge la cuestión clave: ¿existía un mantenimiento adecuado? Porque si se demuestra negligencia o falta de actuación, el seguro puede limitar la cobertura.

En ciudades como Granada, donde los cambios de temperatura y las lluvias afectan directamente a pavimentos y cubiertas, el deterioro puede acelerarse. Esto convierte la prevención en una necesidad, no en una opción.

La responsabilidad en zonas comunes exige tres líneas de actuación claras:

– Inspecciones periódicas documentadas.
– Reparación inmediata de elementos deteriorados.
– Señalización visible ante cualquier incidencia temporal.

Además, es imprescindible revisar la póliza de responsabilidad civil para comprobar límites de cobertura y posibles exclusiones.

Una comunidad que actúa a tiempo protege su patrimonio, su estabilidad económica y la convivencia entre vecinos. Porque cuando llega una demanda, el impacto no es solo jurídico: es económico y emocional.

Administrar hoy implica anticiparse. Implica mirar el edificio con mentalidad preventiva. Y, sobre todo, entender que la tranquilidad de una comunidad empieza por cuidar aquello que todos comparten.

La prevención cuesta poco. La reclamación puede costar mucho.