El proceso de instalación comienza con la aprobación de la medida en la junta de propietarios. Es fundamental contar con un plan técnico que detalle la ubicación de los puntos de recarga, el impacto en el sistema eléctrico del edificio y los costes estimados. En este punto, el administrador de fincas juega un papel crucial, ya que puede coordinar los aspectos legales, técnicos y financieros del proyecto.

Un incentivo importante son las ayudas económicas disponibles, como las del Plan Moves III, que cubren parte de los costes de instalación. Estas subvenciones están diseñadas para fomentar la movilidad eléctrica y suelen incluir tanto la instalación de los cargadores como las mejoras necesarias en las infraestructuras eléctricas del edificio.

Los beneficios son notables. La presencia de puntos de recarga en un garaje comunitario no solo beneficia a quienes ya poseen vehículos eléctricos, sino que también incrementa el valor de las propiedades, moderniza el edificio y contribuye a la reducción de la huella de carbono. Además, fomenta un estilo de vida más sostenible, alineado con los objetivos medioambientales globales.

Es importante destacar que la instalación de los puntos de carga en las comunidades,  no siempre implica un elevado coste, especialmente si se planifica correctamente y se aprovechan las ayudas. Las comunidades que apuestan por estas mejoras no solo están invirtiendo en sostenibilidad, sino también en la comodidad y satisfacción de sus propietarios.

En definitiva, los puntos de recarga en comunidades de propietarios son una inversión que mira al futuro. Facilitan la transición energética, mejoran la calidad de vida y posicionan a los edificios como referentes de innovación y respeto al medio ambiente.