Hasta ahora, depositar la fianza en la Junta de Andalucía era un trámite obligatorio, casi automático, en cualquier contrato de arrendamiento urbano. Sin embargo, esta obligación desaparece. La Administración autonómica deja de ser depositaria de las fianzas, lo que supone un giro importante en la forma de gestionar los alquileres, tanto desde el punto de vista legal como práctico.

Este cambio genera una falsa sensación de alivio: menos trámites, menos papeleo, menos gestiones. Pero la realidad es otra. Al desaparecer el depósito institucional, la responsabilidad recae de forma directa sobre el propietario, que deberá custodiar correctamente esa cantidad y actuar conforme a la ley en caso de finalización del contrato o conflicto con el inquilino.

Además, la nueva normativa refuerza de forma clara el tratamiento de datos personales en materia de vivienda. Contratos, datos bancarios, situaciones económicas o información sensible pasan a estar aún más protegidos por el RGPD. Una gestión incorrecta puede derivar en sanciones, reclamaciones o problemas legales difíciles de revertir.

En este contexto, la fianza de alquiler en Andalucía deja de ser un simple concepto económico y pasa a convertirse en un elemento clave de seguridad jurídica. Comunidades de propietarios con viviendas en alquiler, arrendadores particulares y gestores inmobiliarios deben actualizar sus procedimientos y dejar atrás viejas costumbres que ya no se ajustan a la realidad legal actual.

Desde Administración de Fincas Cañavate insistimos en una idea clara: estos cambios no deben afrontarse con improvisación. Informar a tiempo, adaptar contratos y asesorar correctamente es la única forma de evitar conflictos futuros. Porque cuando la normativa cambia y uno no se adapta, el problema no tarda en llamar a la puerta.