El verano es la época favorita para descansar… y también para que los delincuentes actúen. Con muchos vecinos fuera y viviendas vacías, aumentan los robos, los actos vandálicos y la ocupación ilegal. Pero hay algo aún más preocupante: la mayoría videovigilancia en comunidades que tienen cámaras de seguridad las tienen mal instaladas, sin cumplir la normativa vigente, lo que las deja desprotegidas legal y económicamente.
La videovigilancia en comunidades se ha convertido en una herramienta indispensable. No solo como medida disuasoria frente a delitos, sino como respaldo legal en caso de que ocurra un incidente. Sin embargo, la instalación de cámaras está sujeta al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
«Mientras tú haces la maleta, otros están preparando cómo entrar en tu comunidad. ¿La tienes protegida legalmente?»
¿Qué ocurre si no se cumplen estas normas?
👉 Las grabaciones pueden no ser válidas como prueba.
👉 La comunidad puede recibir multas que oscilan entre los 6.000 y los 600.000 euros.
👉 Los vecinos pueden denunciar por invasión de privacidad.
Y lo peor: los ladrones lo saben. Saben cuáles son las comunidades mal protegidas, sin carteles informativos, sin protocolos legales, y sin empresas homologadas que respalden la instalación.
En Administración de Fincas Cañavate, trabajamos para que nuestros clientes vivan un verano tranquilo, sin sustos. Nos encargamos de todo:
📌 Evaluación inicial y asesoramiento legal.
📌 Revisión o instalación de cámaras con empresas autorizadas.
📌 Elaboración del registro de actividades de tratamiento.
📌 Evaluación de impacto y cartelería legal visible.
📌 Cumplimiento 100% con el RGPD.
Porque la videovigilancia en comunidades no es solo una cámara en el techo. Es tranquilidad, es legalidad, es seguridad. Y si no lo haces bien… el precio puede ser demasiado alto.
¿Quieres proteger tu comunidad este verano? Contacta con nosotros. En Cañavate, luchamos por tu seguridad y tu bolsillo.
