El impacto de la ocupación va mucho más allá del perjuicio económico para el propietario. Afecta directamente a la convivencia vecinal, la seguridad del edificio y, en muchos casos, al valor de las viviendas en esa comunidad. Un portal con viviendas ocupadas puede convertirse en un foco de conflictos, quejas continuas y una pérdida de confianza en la propia comunidad.

Ante esta situación, el papel del administrador de fincas es esencial. No solo se trata de informar a los vecinos sobre la normativa vigente, sino también de coordinar medidas preventivas que reduzcan el riesgo. Desde reforzar la seguridad en accesos comunes, hasta asesorar en protocolos de actuación rápida en caso de intento de ocupación, la gestión profesional puede marcar la diferencia.

Además, la ocupación ilegal en Granada está obligando a muchas comunidades a replantearse sus estatutos internos. Normas sobre cerraduras, sistemas de videovigilancia o la obligación de notificar pisos vacíos a la administración comunitaria son algunas de las medidas que ya se están debatiendo en juntas vecinales.

El administrador también cumple una función clave en la asesoría legal: explicar a los vecinos cómo actuar ante una ocupación, qué pasos dar de inmediato y qué plazos maneja la justicia. En un contexto donde cada día cuenta, la información puede ser la herramienta más poderosa contra esta amenaza.

En conclusión, la ocupación ilegal en Granada no es un problema aislado, sino una realidad que acecha a cualquier comunidad. La prevención, la gestión eficaz y la asesoría especializada son hoy más necesarias que nunca para mantener la tranquilidad y proteger el patrimonio de los vecinos.